La Justicia había dictado una medida precautelar para que el Gobierno bonaerense se abstenga de dar por concluida la negociación salarial con los estatales y revisar las actas de acuerdo. Según el Ejecutivo el 52.9% de los gremios aceptó la oferta.
LA PLATA (Corresponsalía)- El Gobierno bonaerense podrá liquidar el aumento salarial del 15% para el próximo pago de sueldos, en los primeros días de abril. Así lo confirmaron fuentes allegadas al juzgado Contencioso Administrativo de La Plata, que el martes pasado había suspendido el cierre de la paritaria anunciado por el Ministerio de Trabajo provincial una semana antes.
“Los sueldos los puede liquidar perfectamente con el aumento y se toma como un pago a cuenta, no hay ningún inconveniente al respecto. Sí quiere pagar lo paga pero eso no implica el cierre de la negociación”, dijeron desde el fuero que preside el juez Luis Arias.
En la Justicia confirmaron también que el Poder Ejecutivo apeló la medida ante la Cámara y acompañó la documentación requerida solicitada por el juez de primera instancia en su medida precautelar.
Arias requirió al Ministerio de Trabajo provincial las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento de negociación paritaria, el modo de constitución de la mesa de negociación y los parámetros tenidos en cuenta para establecer la proporcionalidad de los distintos representantes que la componen.
Según pudo saber LA CAPITAL, de la documentación enviada por la administración de María Eugenia Vidal se desprende que la última reunión paritaria no se habría podido hacer así que el Ejecutivo mandó correos electrónicos y a partir de ahí habrían dado por cerrada la negociación. Aunque en su presentación, el Ejecutivo sostuvo que el procedimiento “ha sido llevado a cabo atendiendo a la normativa vigente”.
Además, el Gobierno respondió que la oferta salarial fue aceptada por el 52,9% de los representantes paritarios, pertenecientes a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Fegeppba).
Los denunciantes, Oscar de Isasi, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma; Guillermo Daniel Chaves, apoderado del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) y Gabriela Raquel Gómez, apoderada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aseguraron que el Estado no cumplió con la ley de negociaciones colectivas porque no fue “debidamente conformada la Comisión Negociadora, la que debe integrarse con un número mínimo de 10 representantes por cada parte y, en lo concerniente a los trabajadores, sus representantes deben determinarse de manera proporcional al número de afiliados que posea cada asociación sindical, circunstancia que resulta medular a los efectos de poder negociar colectivamente, de acuerdo al universo de trabajadores representados”.
Así, los denunciantes entendieron que “no se ha determinado en la negociación paritaria la proporcionalidad de los representantes de los sindicatos, en concordancia con los arts. 7 y 8 de la Ley 13.453, dándose mayor representatividad al universo mayoritario de miembros con escasa cotización, que a los gremios más fuertes del sector (CTA, ATE, Soeme)”.
En ese sentido, afirmaron que UPCN y Fegeppba “no cuentan con los votos necesarios para concertar un acuerdo colectivo de trabajo, con el alcance que pone de manifiesto la señora Gobernadora”.
Ahora se espera que los gremios denunciantes pidan los padrones de afiliados para corroborar que los afiliados que presentan UPCN y Fegeppba estén encuadrados en la Ley 10430, como corresponde a esta paritaria.